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sábado, 21 de noviembre de 2026
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LAS ORGANIZACIONES SOCIALES REUNIDAS EN EL COLECTIVO POR LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS DEMANDAMOS QUE LA CORTE CONSTITUCIONAL ADOPTE MEDIDAS CAUTELARES URGENTES FRENTE AL DECRETO 16

Frente al
vencimiento del plazo que el Gobierno ecuatoriano estableció hace 180 días para
organizar el Sistema Unificado de Información de las organizaciones Sociales
(SUIOS), que se propone en el Decreto 16, las organizaciones sociales,
profesionales y ciudadanos auto convocados en el Colectivo por la Defensa de
las Libertades y Derechos Fundamentales considerando que:
  1. El Decreto Ejecutivo No. 16 atenta no solo contra
    el derecho que tiene toda persona a asociarse libremente para fines lícitos,
    sino que al sancionar el ejercicio de un derecho fundamental, se transgrede el
    principio de legalidad, pues se estaría juzgando y sancionando a las personas
    por actos u omisiones que nos están tipificadas en una ley. Además, este
    decreto pretende regular un derecho constitucional, contraviniendo claramente
    lo establecido en el numeral primero del artículo No. 132 de la Constitución de
    la República en el cual claramente se manifiesta el principio de reserva de
    ley.
  2. El Decreto no garantiza el derecho al debido
    proceso y protección judicial establecido en el artículo No. 76 de la
    Constitución de la República así como, los artículos No. 8 y No. 25 de la
    Convención Americana de Derechos Humanos puesto que, el Sistema Unificado de
    Información de las organizaciones Sociales (SUIOS), que se propone en el
    Decreto, no establece requisitos precisos y no incorpora el derecho de
    apelación ante una autoridad independiente. Una clara muestra de esto
    constituye lo ya sucedido con la Fundación Pachamama en la cual se evidenció
    una clara situación de indefensión y el establecimiento sanciones exageradas y
    desproporcionadas.
  3. El mencionado Decreto además es ampliamente
    discrecional y ambiguo, dando poder a un funcionario de Estado de determinar, a
    su criterio, si una organización cumple o no con los requisitos para su
    inscripción, o si no contraviene el orden público o las leyes. Esto impide y
    limita la creación y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
  4. La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos
    (CIDH) ha manifestado que los Estados tienen facultad para reglamentar la
    inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus
    jurisdicciones», pero que ellos «deben asegurar que los requisitos
    legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas
    organizaciones». Una publicación reciente de la CIDH que cataloga los
    estándares interamericanos en la libertad de asociación señala que el procedimiento
    para registrar una OSC «debe traducirse en un efecto declarativo y no
    constitutivo” y, ser de naturaleza “rápida, exigiendo solamente los documentos
    necesarios para obtener la información adecuada a los fines del mismo”. Todo
    solicitante negado además debe tener acceso a «un recurso adecuado y
    efectivo sustanciado de conformidad con las reglas del debido proceso, que
    permita impugnar cualquier resolución [. ..] ante una autoridad independiente
    de la que estableció la restricción”.
  5. Recordamos también que las restricciones a la
    libertad de asociación deben ser «prescritas por la ley», lo que
    significa que «cuentan con una base jurídica y son lo suficientemente
    precisas para que una persona u ONG pueda evaluar si la conducta deseada o
    propuesta podría constituir una violación, al igual que las consecuencias que
    podría tener tal conducta. El grado de precisión que se requiere es tal que
    establece criterios claros para regir el ejercicio de la autoridad
    discrecional».

Por estas razones, resolvemos:
  1. Reiterar ante el país, las autoridades de Gobierno
    y a la Corte Constitucional que el Decreto 16 atenta contra la Constitución y
    los instrumentos internacionales de DDHH. La Corte Constitucional debe salir
    del letargo en el cual ha sumido las causas relacionadas al Decreto 16 y
    resolver las demandas de inconstitucionalidad presentadas.
  2. Respaldar la declaratoria de desobediencia civil de
    la Ecuarunari y advertir que estaremos alertas ante cualquier intento de
    aplicar el D16 contra las organizaciones sociales del país.
  3. Rechazar las represalias contra la CONAIE y
    expresar la solidaridad con una de las organizaciones históricas de luchas de
    los movimientos sociales en el país.
  4. Expresar la preocupación por los últimos hechos que
    pueden considerarse parte de una escalada en contra de la organización social
    en el Ecuador: el asesinato del líder anti minero José Tendetza, el impedimento
    para que la Caravana Ambiental circule libremente por el Ecuador, los
    obstáculos para que los grupos ambientalistas puedan reunirse con
    parlamentarios alemanes en el territorio ecuatoriano, la sentencia en contra
    del dirigente Pepe Acacho, entre
  5. otras.
  6. Exigimos a la Corte Constitucional el tratamiento
    sin más demoras de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por
    diversas organizaciones y la adopción urgente de medidas cautelares que
    suspenda la vigencia del Decreto 16 ante la urgencia y el daño irreparable que
    se puede causar a la organización
  7. social en el país.
  8. Rechazamos las cartas de respuesta que la Dirección
    Jurídica de la Presidencia ha realizado a las cartas que las organizaciones de
    la sociedad civil hemos presentado al Presidente de la República pidiendo la
    derogatoria del Decreto 16, pues no contiene ningún sustento legal y menos de
    protección de derechos válido.
  9. Pedimos que el Gobierno ecuatoriano entregue la
    información solicitada por los Relatores de los sistemas mundial e
    interamericano de protección de Derechos Humanos sobre la vigencia del Decreto
    16 y que se acepten los estándares internacionales que recomienda que el
    Derecho humano fundamental a la libre asociación solo debe ser regulado por Ley
    sometida a la discusión parlamentaria y debe construirse de forma incluyente en
    consultas con la sociedad civil organizada.

Dado en Quito, 17 de diciembre de 2014

Firman:
LAS ORGANZACIONES, PROFESIONALES Y CIUDADANOS
Ecuarunari
Cucomitae
Federación de Barrios de Quito
Observatorio de Derechos y Justicia
La red de mujeres políticas (Rempe)
ISP-Ecuador
Unión Nacional de Educadores
Junta Cívica de Guayaquil
Fundamedios
Acción Nacional Ciudadana por la Democracia y el
Desarrollo – Plataforma Nacional de
las Mujeres
Arog
AEDEP
Centro de Investigación y Desarrollo Estratégico
(CIDES)
Corporación Participación Ciudadana
Yasunidos
Federación Nacional de Periodistas del Ecuador
Luis Verdesoto
Martha Roldós

Raúl Moscoso


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