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sábado, 21 de noviembre de 2026
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PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SITUACIÓN DE PERÚ: NO A LA BARBARIE INSTITUCIONALIZADA

Por:
Inredh

 

Un
articulo del periódico El País del 17 de diciembre 2022 sobre la crisis
política en Perú “Tejiendo el abismo en Perú” dice en forma acertada: “Estamos
en el abismo y la clase política no parece darse cuenta. El Congreso sigue
enfrascado en sus discursos altisonantes, en sus negocios bajo la mesa, en cómo
sacarle el jugo a su tiempo en el poder”. Y Pedro Castillo ha sido una piedra
en el zapato. Una amenaza que el Estado caiga en las manos de “los indios”, de
“los terrucos” como en Bolivia.

 

Es
así que lo que en Bolivia no se logró, en Perú la oligarquía peruana blancoide
quiere tratar de llevar a cabo, impedir que la población de origen, campesina,
autóctona, indígena ocupe espacios del Estado que beneficiaban a intereses de
una pequeña oligarquía peruana. Como en Bolivia en 2019, las fuerzas del orden
han instruido una represión violenta, sin piedad, en contra de una población
que protestaba contra el retorno al poder de las capas tradicionales, pudientes
de la sociedad peruana.

 

El
16 de diciembre 2022 (ATB Digital), la Misión en Perú de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó
su “seria preocupación por el incremento de la violencia en Perú”, lamentando
la muerte de 15 personas. En este sentido, el alto Comisionado llamó a
implementar estándares de las Naciones Unidas sobre protesta pacífica en pos de
proteger los derechos humanos y prevenir más violencia. De igual forma, la
misión internacional instó a respetar la Observación general número 37 del 2020
relativa al derecho de reunión pacífica en la que se afirma que “la falta de
respeto y garantía del derecho de reunión pacífica suele ser un indicio de
represión”. Por su parte, la Dirección Regional de Salud del departamento
peruano de Ayacucho cifró en 18 la cifra de fallecidos en las protestas tras la
destitución del presidente Pedro Castillo.

 

Hasta
ahora cuantas muertes habrá sufrido la sociedad civil, cuantos heridos y no hay
duda que debe haber muchas personas torturadas. En ese sentido lamentamos que
la Comisión IDH no haya visitado las cárceles donde se encuentran los
detenidos, las victimas de la represión policial/militar.

 

En
consecuencia:

 

Expresamos
nuestra preocupación y solidaridad por la grave situación que atraviesan
nuestros hermanos, hermanas, hermanes de la República Peruana.

Invocamos
a las autoridades peruanas a tomar las decisiones correspondientes para
propiciar condiciones que permitan el arribo a un diálogo que abra el camino a
la búsqueda de soluciones, para lo cual se deberá empezar levantando el estado
de emergencia, la investigación de las condiciones en las que más de 30
personas han perdido la vida; el cese de la represión y la persecución política
a quienes están haciendo ejercicio de su pleno derecho a la protesta.

Los
diálogos solo podrán dar frutos si se realizan libres de la tutela de las
armas. La democracia solo será real si es para todos, todas y todes, sin
distingos ni exclusiones, con plenas garantías del respeto de la vida y
derechos humanos, civiles y políticos, así como de las instituciones y
organizaciones sociales.

 

Exhortamos
tener viva la memoria del periodo de violencia armada vivida en los años 80’ y
90’, donde la población civil desarmada fue víctima del actuar de las fuerzas
del orden y de los alzados en armas; heridas y traumas psicosociales que aún
laceran los corazones de las familias peruanas.

 

Exigimos
que las organizaciones nacionales e internacionales puedan visitar las personas
privadas de libertad en los centros donde se encuentran detenidos acusados de
sedición y terrorismo.

 

Exigimos
que se respete las garantías de un debido proceso, respetando el principio de
la presunción de inocencia.

 

En
el momento que estamos por lanzar el pronunciamiento, la represión en contra la
población desarmada que sigue siendo víctima de “Fuerzas del Orden” que
ostensiblemente han recibido la bendición por no respetar los Derechos Humanos,
causando muertes, heridos, torturados.

 

Suscriben:

 

La
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia

Centro
de atención Psicosocial CAPS, Perú́

Veredas
Psicosociales A.C., México

Centro
de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS, Chile

Centro
de Atención Psicosocial CAPS, Colombia

Equipo
Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial EATIP, Argentina

Equipo
de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial ECAP, Guatemala

El
Rebozo, Cuidado de la vida y los territorios, México

Red
para la Infancia y la Familia REDINFA, Perú́

Aluna
Acompañamiento Psicosocial, México

Instituto
AMMA Psique e Negritude, Brasil

Fundación
Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, Ecuador

Instituto
de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia
Estatal ITEI, Bolivia.

Oficina
de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHAG, Guatemala

Fundación
para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia PRIVA, Ecuador

Colectivo
Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, México

Instituto
Zé Claudio e Maria, Brasil

Liga
Guatemalteca de Higiene Mental, Guatemala

PSINERGIA,
Bolivia

Dora
Lucía Lancheros Perico, Colombia

Floridalma
N. Pérez González, México

Alejandra
Gonzales Marín, México

Andrés
Gautier, Bolivia

Emma
B. Bravo, Bolivia

Olatz
Retegi, Bolivia

Mariela
Castellanos, Bolivia

Poli,
Isijara, Bolivia

Marinella
Ramírez, Colombia

Edilberto
Álvarez, Paraguay

Ángela
Reyes, Guatemala

Lorena
Pérez Osorio, Chile

Rosa
Lia Chauca, Perú

Clemencia
Correa, México

Stefania
Graso, México

Rodrigo
Morales, México

Carolina
Morales Arias, Colombia

Blanca
Merino Vásquez, Perú

Cristian
Cemeño, Guatemala

Karin
de Fries, Guatemala

Cecilia
Saavedra, Bolivia

Jorge
Cantoral, Bolivia

Mónica
Miraval Berrospi , Perú

Silvia
Fernández Cervantes, Bolivia

Marynés
Salazar Gutiérrez, Bolivia

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