Frente al
vencimiento del plazo que el Gobierno ecuatoriano estableció hace 180 días para
organizar el Sistema Unificado de Información de las organizaciones Sociales
(SUIOS), que se propone en el Decreto 16, las organizaciones sociales,
profesionales y ciudadanos auto convocados en el Colectivo por la Defensa de
las Libertades y Derechos Fundamentales considerando que:
vencimiento del plazo que el Gobierno ecuatoriano estableció hace 180 días para
organizar el Sistema Unificado de Información de las organizaciones Sociales
(SUIOS), que se propone en el Decreto 16, las organizaciones sociales,
profesionales y ciudadanos auto convocados en el Colectivo por la Defensa de
las Libertades y Derechos Fundamentales considerando que:
- El Decreto Ejecutivo No. 16 atenta no solo contra
el derecho que tiene toda persona a asociarse libremente para fines lícitos,
sino que al sancionar el ejercicio de un derecho fundamental, se transgrede el
principio de legalidad, pues se estaría juzgando y sancionando a las personas
por actos u omisiones que nos están tipificadas en una ley. Además, este
decreto pretende regular un derecho constitucional, contraviniendo claramente
lo establecido en el numeral primero del artículo No. 132 de la Constitución de
la República en el cual claramente se manifiesta el principio de reserva de
ley. - El Decreto no garantiza el derecho al debido
proceso y protección judicial establecido en el artículo No. 76 de la
Constitución de la República así como, los artículos No. 8 y No. 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos puesto que, el Sistema Unificado de
Información de las organizaciones Sociales (SUIOS), que se propone en el
Decreto, no establece requisitos precisos y no incorpora el derecho de
apelación ante una autoridad independiente. Una clara muestra de esto
constituye lo ya sucedido con la Fundación Pachamama en la cual se evidenció
una clara situación de indefensión y el establecimiento sanciones exageradas y
desproporcionadas. - El mencionado Decreto además es ampliamente
discrecional y ambiguo, dando poder a un funcionario de Estado de determinar, a
su criterio, si una organización cumple o no con los requisitos para su
inscripción, o si no contraviene el orden público o las leyes. Esto impide y
limita la creación y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. - La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha manifestado que los Estados tienen facultad para reglamentar la
inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus
jurisdicciones», pero que ellos «deben asegurar que los requisitos
legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas
organizaciones». Una publicación reciente de la CIDH que cataloga los
estándares interamericanos en la libertad de asociación señala que el procedimiento
para registrar una OSC «debe traducirse en un efecto declarativo y no
constitutivo” y, ser de naturaleza “rápida, exigiendo solamente los documentos
necesarios para obtener la información adecuada a los fines del mismo”. Todo
solicitante negado además debe tener acceso a «un recurso adecuado y
efectivo sustanciado de conformidad con las reglas del debido proceso, que
permita impugnar cualquier resolución [. ..] ante una autoridad independiente
de la que estableció la restricción”. - Recordamos también que las restricciones a la
libertad de asociación deben ser «prescritas por la ley», lo que
significa que «cuentan con una base jurídica y son lo suficientemente
precisas para que una persona u ONG pueda evaluar si la conducta deseada o
propuesta podría constituir una violación, al igual que las consecuencias que
podría tener tal conducta. El grado de precisión que se requiere es tal que
establece criterios claros para regir el ejercicio de la autoridad
discrecional».
Por estas razones, resolvemos:
- Reiterar ante el país, las autoridades de Gobierno
y a la Corte Constitucional que el Decreto 16 atenta contra la Constitución y
los instrumentos internacionales de DDHH. La Corte Constitucional debe salir
del letargo en el cual ha sumido las causas relacionadas al Decreto 16 y
resolver las demandas de inconstitucionalidad presentadas. - Respaldar la declaratoria de desobediencia civil de
la Ecuarunari y advertir que estaremos alertas ante cualquier intento de
aplicar el D16 contra las organizaciones sociales del país. - Rechazar las represalias contra la CONAIE y
expresar la solidaridad con una de las organizaciones históricas de luchas de
los movimientos sociales en el país. - Expresar la preocupación por los últimos hechos que
pueden considerarse parte de una escalada en contra de la organización social
en el Ecuador: el asesinato del líder anti minero José Tendetza, el impedimento
para que la Caravana Ambiental circule libremente por el Ecuador, los
obstáculos para que los grupos ambientalistas puedan reunirse con
parlamentarios alemanes en el territorio ecuatoriano, la sentencia en contra
del dirigente Pepe Acacho, entre - otras.
- Exigimos a la Corte Constitucional el tratamiento
sin más demoras de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por
diversas organizaciones y la adopción urgente de medidas cautelares que
suspenda la vigencia del Decreto 16 ante la urgencia y el daño irreparable que
se puede causar a la organización - social en el país.
- Rechazamos las cartas de respuesta que la Dirección
Jurídica de la Presidencia ha realizado a las cartas que las organizaciones de
la sociedad civil hemos presentado al Presidente de la República pidiendo la
derogatoria del Decreto 16, pues no contiene ningún sustento legal y menos de
protección de derechos válido. - Pedimos que el Gobierno ecuatoriano entregue la
información solicitada por los Relatores de los sistemas mundial e
interamericano de protección de Derechos Humanos sobre la vigencia del Decreto
16 y que se acepten los estándares internacionales que recomienda que el
Derecho humano fundamental a la libre asociación solo debe ser regulado por Ley
sometida a la discusión parlamentaria y debe construirse de forma incluyente en
consultas con la sociedad civil organizada.
Dado en Quito, 17 de diciembre de 2014
Firman:
LAS ORGANZACIONES, PROFESIONALES Y CIUDADANOS
Ecuarunari
Cucomitae
Federación de Barrios de Quito
Observatorio de Derechos y Justicia
La red de mujeres políticas (Rempe)
ISP-Ecuador
Unión Nacional de Educadores
Junta Cívica de Guayaquil
Fundamedios
Acción Nacional Ciudadana por la Democracia y el
Desarrollo – Plataforma Nacional de
Desarrollo – Plataforma Nacional de
las Mujeres
Arog
AEDEP
Centro de Investigación y Desarrollo Estratégico
(CIDES)
(CIDES)
Corporación Participación Ciudadana
Yasunidos
Federación Nacional de Periodistas del Ecuador
Luis Verdesoto
Martha Roldós
Raúl Moscoso









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